¡Que no pretendan cambiar la historia!

 Ayer, por la noche, al senador Adolfo Rodríguez Saá le pareció “una diferencia muy grave” que una ley con media sanción para reparación a presos políticos se alicara a los encarcelados  a partir del 6 de noviembre de 1974, cuando se declaró el Estado de Sitio, en lugar del 24 de marzo de 1976, día del Golpe Militar, concepto que el “peronismo” derechista que se la da de “republicano” viene defendiendo, y con él trabando y limitando en el Parlamento las leyes de reparación desde hace años. 


   El 3 de julio, en la Cámara Alta, se impidió el tratamiento por una cuestión de imprecisión/cambio del texto en Diputados, pero ese no es el problema ni los que les preocupa: estos señores van por la limitación de la ley, para ocultar su propia vergüenza en esos años, y su todavía improbable reconocimiento tras 30 años de democracia.


   Desde ahora hasta el 31 de julio, cuando se volverá a tratar la media sanción de Diputados intentarán modificar el texto original, o finalmente cambiarlo, cuando en realidad deberían ampliarlo, incorporando, como en la ley promovida por el ex diputado del FPV, Dante Dovena, todos los casos comprobados de Terrorismo de Estado, aún los cometidos en democracia, que no fueron pocos.


   ¿No hubo terrorismo de Estado en el bombardeo de 1955 a Plaza de Mayo, como antes en la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde, durante el Plan CONINTES,  Trelew o en la misma masacre de Ezeiza, para citar casos paradigmáticos?


    Informamos a los legisladores, tanto a los liberales conservadores, que no quisieron ni quieren ninguna reparación, como a los que se autodefinen como peronistas y coinciden con la indignación del diario de los Mitre, o La Nueva Provincia,  que durante la gestión de Isabel Martínez, sobre todo luego de la muerte de Juan Perón, HUBO TERRORISMO DE ESTADO, mucho antes aún que el 6 de noviembre de 1974.


   En realidad,  una ley de este tipo debería abarcar como mínmo los casos concretos en que las bandas de López Rega, Osinde o Norma Kennedy, junto a las fuerzas policiales, como el ejecutado jefe de Policía Alberto Villar, ejercieron el TERRORISMO DE ESTADO durante un gobierno surgido de elecciones. Entre Ezeiza y la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, las “Proto AAA” (Alianza Anticomunista Argentina) impusieron un ritmo de un asesinato diario en promedio, odiosa palabra para enmarcar la dimensión de la masacre.


    Hector Solasso, poeta y escritor cordobes, comenta que de la lectura del libro-crónica de Andrew Graham Yool , De Perón a Videla, surge un cuadro impresionante del año 1975, a lo largo del cual se contabiliza un promedio aproximado de cinco muertos diarios, entre operativos de la Triple A y, en menor medida, asesinatos de policías y atentados de las organizaciones armadas. Es una falacia de la derecha peronista pretender que la investigación y esclarecimiento de ese nefasto período histórico pueda asociarse con el antiperonismo, cuando las víctimas del fascismo __porque esa es la definición exácta del accionar de las bandas armadas promovidas y amparadas desde el Ministerio de Bienestar Social y otros estamentos del estado__ fueron, mayoritariamente, jóvenes de la JP y dirigentes políticos y sindicales de larga y digna militancia peronista. Sucede que del avance de la reconstrucción histórica, surgirán indudablemente datos comprometedores sobre muchos políticos, gremialistas y periodistas al servicio de la corporación mediática, disfrazados hoy de paladines del republicanismo y la institucionalidad.


   Varios investigadores evalúan en que en ese período tendríamos un total identificado de 1035 ejecuciones sumarias extrajudiciales (brutales asesinatos), 752 compañeros que fueron secuestrados y continúan desaparecidos, y 54 compañeros que fueron secuestrados y liberados. Y a ello se debe sumar unos 2800 presos que permanecieron un tiempo prolongado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, puesto que muchos de ellos siguieron presos hasta la guerra de Malvinas en 1982 y los miles de atentados que sufrieron locales sindicales, partidarios y las propias casas donde habitaban los militantes que la Triple A perseguía en un número que nos lleva a no menos de 7.000 acciones represivas en unos veinte meses, 350 por mes, más de diez por día.


   Anoche, me comenta en una nota Alejandro Ángel Salvagno Olmedo, en el salón Azul del Senado “estuve con los Cumpas que vinieron por segunda vez de muchas provincias y se fueron con  una profunda amargura”, pero prometiendo regresar,  otra vez, pero ya advertidos, el 31 de julio.
   ¡Que no presionen (y que no se dejan presionar aquellos a quienes confiamos nuestro voto) diputados y senadores para –nuevamente, pues no es la primera vez—volver a imponer una falsa línea divisoria para el inicio de acciones de Terrorismo de Estado, y se repare a las víctimas sin discriminaciones impuestas por quienes protagonizaron, apoyaron o reivindican esos períodos!

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