El envío de la nueva ley de medios al Congreso es el eje principal de la portada de los medios, que desatan su propia guerra por la interpretación de su alcance, en tanto llama la atención la casi total omisión en la tapa los matutinos para la cumbre de Unasur que, en Bariloche, inicia hoy con 12 presidentes sudamericanos, en medio de una situación delicada en el continente, luego del golpe en Honduras y el anuncio de la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia.
Clarín, uno de los grandes perjudicados por la iniciativa antimonopólica y democratizadora de la comunicación, titula con opinión “Presentan la ley para controlar a los medios”, para completar en volanta que “El Gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente”. La foto de la movilización de apoyo frente a la Casa de Gobierno –que como la mayoría de los medios corporativos adjudican a “sindicalistas y militantes kirchneristas”, ignorando la presencia de centenares de organizaciones de periodistas, estudiantes, académicos, comunicadores sociales y ONGs que vienen bregando, con matices, por esta iniciativa desde mediados de la década del ’80, cuando Néstor Kirchner todavía no era ni intendente—es acompañada por cuatro avances que hablan por si solos: “Ernestina de Noble: ‘Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad’”; “Editorial: Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular los medios”; “Unánime rechazo de la oposición: reclaman que lo debata el nuevo Congreso”; y “Nuevos ataques contra oficinas del Grupo Clarín”.
La Nación también deja clara su posición en el encabezado de primera plana: “Lanzan la ley de radiodifusión con un duro ataque a la prensa”, en tanto, parafraseando al campo, Joaquín Morales Solá que parece haber escuchado otro discurso, dice del pronunciado por la Presidenta: “Hubo agresivos discursos previos y algunas actitudes no menos belicosas, pero ninguno de ellos fue tan expresivo como el mensaje de ayer de Cristina Kirchner. En síntesis, el periodismo es una presencia maldita para los gobernantes”. Curioso, de alguien tan experimentado en tratar con los representantes de la dictadura y luego dictaminar sobre los títulos democráticos del resto de la Argentina política y social desde 1983, ignorar que la diferencia entre libertad de prensa y de empresa, de expresión y monopolio, o el derecho humano a la información no es un invento del actual gobierno, sino de los organismos internacionales de periodistas y la propia ONU, y que palabras similares pronunciaron los dirigentes sociales y políticos, algunos de los cuales se encuentran actualmente en la oposición, que enfrentaron el discurso único del neoconservadurismo en los años ’90.
Un dibujo de gran número de personas con una pantalla a modo de cabeza sirve de ilustración a Página/12 para titular “Tirando ondas” e informar que el proyecto enviado al Congreso prevé otorgar licencias de radio y TV al sector público y a organismos de la sociedad civil, además de a las empresas de medios. El oficialismo busca aprobarlo, admite, antes del recambio legislativo, en tanto la mayoría de la oposición anticipo su rechazo.
En Pág. 2, un comentario de Mario Wainfeld, luego de informar que el proyecto tiene 144 artículos, “dotados de una profusa fundamentación, insólita parta los usos parlamentarios actuales”, recuerda que “Fue editado en un libro de casi 150 páginas, usado como disparador en foros realizados en todo el país. Esa dinámica previa le hace honor, su contenido también”. Aclara que “El texto no fue una invención del kirchnerismo. Sintetiza aportes oriundos de la sociedad civil y del mundo académico decantados en el último cuarto de siglo. Los sonados ‘21 puntos’ cristalizaron parte de esa producción, también hubo proyectos de legisladores de varias bancadas, incluyendo a varios radicales, que fueron pioneros”. Subraya que él mismo, “forma parte del pelotón que brega por esa norma desde que se inauguró la actual etapa democrática, considera que es un buen proyecto, de clara raigambre democrática e igualitaria. Un debate honesto podría mejorar zonas grises, errores o limitaciones”, de las que cita dos: “El primero es la eventual amplitud de posibilidades abiertas a las telefónicas, que quizá no amerite borrarse de un plumazo, pero sí tener restricciones más ceñidas”, y “El segundo alude a un objetivo encomiable, la protección a la producción nacional. Nada que objetar salvo que su definición es muy imprecisa. Pasible de esas anotaciones o de otras, el proyecto avanza en aras de la libertad de información, de ampliar el espectro de emisores, de poner coto a los monopolios y oligopolios”. Y luego afirma contundente: “No hay ninguna alusión, siquiera lateral, a la limitación de contenidos y sí varios artículos que defienden la libertad de expresión y la de los periodistas. Entre otras experiencias de otros países se recoge la de Defensoría del Público”.
Crítica titula parafraseando la frase de Herbert Marshall McLuhan, el teórico canadiense de la comunicación que acuño las célebres definiciones de “El medio es el mensaje” y la “aldea global” imprime “El miedo es el mensaje”. El matutino considera que el proyecto “pretende alterar el mapa del poder mediático en la Argentina” y en sendos avances apunta que “La oposición reaccionó en forma casi unánime contra la iniciativa oficial y a favor de los multimedios”, en tanto fija posición al opinar que “La intención no declarada del Gobierno es reducir el poder de los grupos que hoy concentran el negocio, facilitando la creación de nuevos holdings afines, con la complicidad de las telefónicas”.
“Ley de Medios” es el simple titular de La Prensa, que en bajada destaca tanto que la Presidenta dijo que su debate “pondrá a prueba la democracia” como subraya el “Rotundo rechazo de la oposición”.
Buenos Aires Económico, por su parte, da cuenta que “Cristina envió al Congreso el proyecto de ley de servicios audiovisuales”, destacando una frase de la Presidente: “Libertad de expresión no puede confundirse con libertad de extorsión”.
Eduardo Anguita, nota que inicia en tapa, apunta que “Ayer, la Presidenta cumplió con algo que para algunos era una apuesta demasiado difícil. Presentó el proyecto de ley que terminará –tratamiento parlamentario mediante– con una normativa que no es sólo patrimonio de la última dictadura militar. Hay algo peor, más vergonzoso para la democracia que la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz estampadas en el decreto ley de 1980” y que “Pocos recuerdan que la derogación del artículo 45 de esa norma se hizo hace veinte años, con un Parlamento que barrió con algo que no era lo peor de ese decreto ley y que era la prohibición de los propietarios de medios gráficos de hacerse de medios audiovisuales en porcentajes suficientes como para constituir “posiciones dominantes de mercado” según una visión economicista que traducido al lenguaje de la democracia constituyó la posibilidad de crear un poderío mediático desconocido en la Argentina. En efecto: la entrega de los canales 11 y 13 a los consorcios liderados por las editoriales Atlántida y Clarín Agea, fue una condición necesaria para que el menemismo pudiera liquidar las voces alternativas reales a su modelo de liquidación del Estado y de concentración de poder. Pero sucedió que Atlántida y sus socios de Telefónica y el Citibank no tuvieron la capacidad de mantener su transitoria alianza”
Añade que de aquel esquema del diario de mayor tirada, la radio AM –Mitre– que competía por los primeros puestos de audiencia y el canal pionero, Clarín dio un paso impresionante en el crecimiento de sus operaciones. Así pasó a convertirse en el principal proveedor de cable y a monopolizar el negocio del fútbol. No es el único grupo, hay que decirlo, que logró poderío a partir del desmadre provocado por la derogación del artículo 45 de la ley 22.285. En muchas provincias, los grupos económicos dominantes son parte del esquema político de poder tanto político como mediático.
Anguita también puntualiza que los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que tantos comités y bibliotecas recorrieron como si atravesaran la aridez del Sahara, fueron la columna vertebral del proyecto presentado por la Presidenta. Afirma que “No es cierto que el proyecto sea del Ejecutivo. En todo caso, el Ejecutivo hizo propia las voces de muchos que no tienen el poderío que sí tuvieron Clarín y otros grupos empresariales. La CGT y la CTA, las universidades públicas, los diversos sindicatos de trabajadores de prensa, de televisión, de radio, así como los canillitas, los gremios docentes, agrupaciones de intelectuales y científicos se dieron cita en la calurosa tarde que Cristina dio un paso firme”. Para la comunidad que quiere una comunicación democrática, concluye, se trata de una oportunidad histórica. Porque el proyecto contempla, con trazo fino, cómo evitar las posiciones monopólicas en una región o ciudad así como en todo el país. Porque protege la posibilidad de ampliar las voces a las organizaciones sociales. Porque establece un criterio participativo para las direcciones colegiadas de los medios públicos. Porque propone un organismo de control de la radiodifusión que reemplace al Comfer y le dé participación a las minorías parlamentarias y también a instituciones de la educación y la cultura así como a los representantes de los trabajadores. El Congreso, ahora, no sólo tiene la oportunidad de dar un paso en la ley de medios que no dio en veinticinco años de democracia. También tendrá el incentivo suficiente como para poder avanzar en muchos otros temas.