No pueden comprenderse algunas de las tapas y comentarios periodísticos del día sin partir de que ayer, a nuestro juicio, se ha producido un punto de inflexión en la política argentina, de cara las elecciones del 28 de junio.
Por un lado, la oposición (política y mediática) insiste –mediante “el campo” como ariete, pero sin hacerle asco a casi nada, como inseguridad, accidentes, y hasta el impecable proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual—en imponer la vieja treta de la polarización, en este caso “Democracia (ellos) o autoritarismo (‘los’ K)”.
Por el otro, el Gobierno que ha decidido doblarle la apuesta y marcar “Proyecto Nacional y Popular o la vuelta al pasado”, llamase la entrega de “los 90” mediante el “peronismo disidente” o el caos de la “Alianza residual”, con toda la impronta del caos del 2001, en momentos en que afrontamos la más grave crisis financiera capitalista en un siglo, y los sectores populares, y las propias capas medias pueden recordar su destino con las anteriores administraciones.
El punto clave fue la decisión presidencial acerca de coparticipar una parte de las retenciones a la soja, que significa lisa y llanamente anunciar que la decisión de mejorar la distribución de la riqueza no ha concluido, que no habrá concesiones a la presión y que existe la decisión de enfrentar frontalmente al sector más concentrado de la patronal ruralista, tratando de hacerlo con un marco de alianzas más amplia.
Pero, además, con el discurso de ayer en Merlo, Néstor Kirchner da un mensaje inequívoco a la sociedad, que ya se venía insinuando en los discursos de la Presidenta: la lucha por la seguridad para todos los argentinos, en particular para los bonaerenses, es bandera del Gobierno nacional, y para ello “hay que limpiar de sinvergüenzas las instituciones” y tomar medidas que “estamos conversando con el Ministro de Justicia, Daniel (Scioli) y Alberto (Balestrini)”. Kirchner dice, ni más ni menos que le pondrá el cuerpo al tema, con todo lo que eso significa con la conocida personalidad del ex presidente, que envía una clara señal a los argentinos: es difícil, pero nadie mejor que nosotros para resolverlo, porque ya hemos demostrado que pudimos mejorar el nivel de vida de los argentinos y encarar problemas aparentemente insolubles como la Deuda Externa, renovación de la Corte Suprema, la impunidad de los genocidas de la dictadura, reinstalación del papel decisivo del Estado, recuperación del Correo, Aguas y Aerolíneas Argentinas, integración latinoamericana, recuperación del ahorro argentino de las manos de la especulación de las AFJP, movilidad jubilatoria y ahora el desafío de reemplazar la ley de Radiodifusión de la dictadura por una que garantice la libertad de expresión y el Derecho a la Información.
Otro escenario. Habrá que ver si el Gobierno tiene la capacidad de incorporar otros actores, todavía relegados del movimiento nacional y popular, para representar la gigantesca obra de construir, con una sólida base social y política de sustentación, una Argentina más justa.