El sedicioso reclamo salarial de sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires aportó al muestrario de acciones destituyentes que, desde el triunfo electoral de la fórmula presidencial Fernández-Fernández, llevan a cabo las grandes corporaciones y la oposición partidaria neoliberal con la implementación de los sicarios mediáticos.
Ablandamiento, deslegitimación, “calentamiento de las calles” y desestabilización son los pasos que vienen dando; etapas previas al desplazamiento de los gobiernos “incómodos” para los Estados Unidos, según la teorización del politólogo de la CIA Gene Sharp, quien propone transitarlas mediante, nada menos, que 198 métodos.
Con cierto pudor, al resultado final lo denominan “golpe blando” o “suave”, cuando ciertamente es un golpe, pero nada tiene de suave o blando. La receta supuestamente “no violenta” aplicada en Latinoamérica y el mundo tiene al privilegio como impulsor, no excluye la participación militar o policial, y siempre descarga fuertes dosis de violencia sobre los pueblos.
Pese a las optimistas previsiones de algunos ideólogos del progresismo vegano, que se apresuraron a dar por superada la etapa de los golpes de Estado en la región, el continente se estremeció en 2009 con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras. En 2012 y 2016 en Paraguay y Brasil siguieron las destituciones de Fernando Lugo y Dilma Rousseff, para cerrar 2019 con el sangriento golpe contra Evo Morales en Bolivia.
En Argentina, las recetas de Sharp fracasaron en el intento de desplazar prematuramente a la presidenta Cristina Kirchner, pero generaron la base social de un triunfo electoral de la derecha en 2015, por primera vez en su historia.
Estados Unidos, en disputa abierta con China y Rusia, no soporta ningún atisbo de independencia económica o política exterior soberana. Por ello, el papel de su embajada local fue trascendente, junto al asesoramiento en acción psicológica de Steve Bannon, notable estafador y fundador de Cambridge Analytica.
El ex jefe de campaña de Trump y asesor de Bolsonaro, orientó a las trolls, bots y botnets deMauricio Macri en la campaña de falsedades antikirchneristas desarrollada en redes sociales a favor de Cambiemos, entre 2014 y 2015. Fueron los tiempos de acuñar slogans como la “ruta del dinero K” o “se robaron un PBI”, los que desde sus portadas amplificaban Clarín, La Nación y otras repetidoras.
Ablandamiento
Derrotada en las urnas en octubre de 2019 con el triunfo del peronismo y sus aliados del Frente de Todos(FdT), la desestabilización neoliberal inició la fase de “ablandamiento”, para la cual el manual estadounidense indica erosionar a las autoridades electas, promover el descontento y malestar ciudadano.
Aún antes de asumir la nueva administración, comenzaron las declaraciones de los grandes grupos económicos, acompañadas de entrevistas con las autoridades electas, para condicionar sus futuras decisiones.
En simultáneo, los medios hegemónicos reprodujeron, pero a la vez instalaron, una noticia falsa tras otra. Una y otra vez sembraron desconcierto y angustia ante la nunca concretada “incautación” de ahorros y plazos fijos o la “feroz interna en el FdT” ante “el avance de La Cámpora”. También desvirtuaron propuestas reales como la denuncia de periodistas venales, la regulación del comercio exterior y la garantía del derecho a la vivienda.
A días de iniciada la nueva gestión, desde la prensa y las redes sociales repetían que “todo sigue igual”, los problemas socioeconómicos se mantienen y políticamente “se llevan puesta la República”, el presidente está “acorralado por Cristina Fernández”, o bien (vale todo) “son lo mismo”.
Deslegitimación
El contundente resultado de las elecciones, que fueron organizadas por el propio gobierno macrista, impidió el uso de la conocida muletilla de fraude, un clásico para la “deslegitimación” de los gobiernos populares en el continente. En cambio, arreciaron las acusaciones de “corruptos”, “autoritarios” y “populistas” ante cada intento de dar cumplimento a las modestas promesas electorales.
Las corporaciones se enfurecen ante cualquier regulación antimonopólica o una pequeña redistribución de recursos en favor de los más postergados. Entrelazados con la oposición partidaria de Juntos por el Cambio(JxC) claman por la propiedad privada presuntamente violentada y profundizan la guerra psicológica, para lo cual amenazan con definiciones absurdas, pero de impacto en su público: el “totalitarismo cubano” o el surgimiento de una “Argenzuela”.
Calentamiento de las calles
A estas etapas se suma la de “calentamiento de las calles”, es decir, movilizar contra el gobierno a una parte de la población con un discurso de odio (antiperonista, anticomunista, xenófobo, antiestatal, etc.) para lo cual no dudan en violar toda medida preventiva para la salud.
En tiempos previos a la pandemia comenzó el corte de rutas de la patronal agropecuaria, para ya en plena expansión del Covid-19 promover “cacerolazos” barriales. Envalentonados, en junio volvieron a bloquear rutas para impedir un intento de salvataje de la fraudulenta cerealera Vicentin, mientras en julio, agosto y septiembre volcaron manifestantes antigubernamentales a las calles, con un marcado incremento de la violencia verbal y física: agresivas consignas, golpizas a periodistas, destrozo en edificios públicos, amenazas de muerte a legisladores y a la vicepresidente de la Nación, en una inquietante sintonía con el libreto aplicado en otros países del continente y por los grupos neonazis en Europa.
Desestabilización y desplazamiento
Estas tres etapas confluyen – sucesiva o simultáneamente- en una cuarta, la de abierta “desestabilización”, ya sobre el objetivo final que es el “desplazamiento” de las autoridades legítimamente elegidas, intento que en casos como el de Venezuela llega al pedido de intervención militar extranjera.
Los medios hegemónicos multiplican su tarea de desinformación y acción psicológica, promueven el miedo y la desesperación mediante anuncios apocalípticos de un inevitable default financiero, “fuertes devaluaciones”, “quiebras masivas”, inseguridad generalizada, toma masiva de tierras y expropiaciones de viviendas familiares. Tampoco se privan de acusaciones delirantes acerca de “crímenes del poder”, como ya lo hicieron en 2015 con el suicidio del ex fiscal Alberto Nisman y repitieron en julio pasado con el asesinato del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez.
También se proponen meter, o aprovechar, cuñas en la propia coalición de gobierno, distanciarla de la ciudadanía y -en la medida que obtienen demoras o retrocesos- minar su propia base militante y electoral. Ametrallan con análisis periodísticos acerca de supuestos enfrentamientos entre el presidente y la vicepresidente, choques en el seno del gabinete ministerial, o del “distanciamiento” del gobernador bonaerense y los intendentes oficialistas.
Sin embargo, aún si logran el desplazamiento no concluye la ofensiva.
Cuando fracasan en sus intentos -como hasta ahora- tratan de imponer a la mayoría la agenda de las minorías, cogobernar de hecho. Sin embargo, cuando logran su objetivo persiguen al movimiento popular y proscriben a sus dirigentes con el taparrabos judicial y el lawfare. Fallaron con Cristina Kirchner, pero lo lograron encarcelando a Lula da Silva en Brasil, para en estos días proscribir a los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa, inhabilitados para ser candidatos a senador y vicepresidente, respectivamente.
La escalada en marcha en Argentina incluye abiertos llamados a la “desobediencia civil” por parte de intelectuales adictos, que con el estímulo y promoción de las corporaciones y los multimedios llegan al extremo de calificar la protección de la salud de los argentinos como “infectadura” o “terrorismo sanitario”.
Los legisladores opositores cacarean acerca del diálogo y el consenso, pero inician un abierto desafío a las normas de la democracia. En abril convocaron a una patética “Travesía por la democracia”, desde las provincias hacia el Congreso Nacional, supuestamente en riesgo por las limitaciones que impone la emergencia mundial. Son los mismos que bloquean las sesiones parlamentarias virtuales y reclaman la intervención de un poder no electo, la Corte Suprema de Justicia, para frenar la aprobación o aplicación de leyes aprobadas democráticamente en el Congreso.
Peligrosa subestimación
En este clima, es alentadora la potente reacción de la militancia y la dirigencia intermedia del FdT,de organizaciones sociales y sindicales,ante la gravedad institucional de la asonada protagonizada por los policías bonaerenses, quienes llegaron a cercar las residencias del gobernador y el presidente. A la vez, preocupa cierta subestimación de los hechos por parte de algunos funcionarios gubernamentales que se esforzaron en otorgarle razonabilidad a los reclamos, pero restarle importancia a los hechos, reducirlos al mero planteo salarial.
La derecha desprecia y aprovecha el respeto del movimiento popular ante la gravedad de la pandemia, el que en virtud de su compromiso con la salud de los argentinos aún no se moviliza para enfrentar el destituyente “calentamiento de las calles”.
Ese respeto va unido al reclamo para que el gobierno ejerza plenamente la autoridad conferida por mandato electoral, sin vacilaciones en el cumplimiento de los compromisos con el pueblo que lo votó; que actúe con equilibrio, pero también con firmeza ante cada intento desestabilizador.
El cuidado de la salud y la vida de nuestros compatriotas NO puede llevar a la pasividad ante el discurso y la acción del privilegio, ni impedir formas alternativas de participación ciudadana, de movilización y ejercicio del protagonismo popular.